El Ministerio de Hacienda estudia toda una nueva batería de medidas que implementar en el futuro para mejorar la lucha contra el fraude fiscal a costa de incrementar el control sobre los contribuyentes. La remesa incluye, concretamente, desde la posibilidad de exigir los datos de todos los pagos realizados con cualquier tipo de tarjetas, prohibir las que no sean nominativas, endurecer el acceso a terminales de pago electrónico, situar el foco sobre quienes cambien divisa e, incluso, exigir a los donantes que presenten un certificado ante notario de estar al corriente de pagos con Hacienda.
Todas estas propuestas constan en el documento Evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal que el Ministerio acaba de terminar y cuya elaboración formaba parte de los compromisos alcanzados con la Unión Europea a cambio de las ayudas del programa Next Generation.
El documento, de 44 páginas, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se centra en desglosar los efectos beneficiosos de la reforma antifraude aprobada en verano de 2021. En su apartado final, no obstante, el documento emitido por el Ministerio de Hacienda introduce un abanico de propuestas «de diferente índole y relevancia, que pueden contribuir a la disminución del fraude fiscal, por suponer una mejora de la lucha contra el mismo».
En primer lugar, el texto anticipa que en materia de declaraciones «podría valorarse el establecimiento de una nueva obligación de información» que exija «la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjetas de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda».
También se plantea incluir entre los sujetos obligados a suministrar información a las entidades de dinero electrónico, las de pago, las sucursales de entidades domiciliadas en países comunitarios o extracomunitarios que operen en España o sin establecimiento permanente, obligándolas a identificar al «titular real» de las cuentas, operaciones o «nuevos servicios y medios de pago que han surgido en los últimos años».
Hacienda también plantea la «prohibición de tarjetas y otros medios de pago no nominativos», en los que no aparezca un titular identificado; vetar la aceptación de tarjetas emitidas por entidades situadas en paraísos fiscales o territorios no cooperativos con el Fisco; o la exigencia de identificar al titular de tarjetas extranjeras cuando retiren dinero de un cajero en España.
En paralelo, el Ministerio valora endurecer el acceso a los terminales de punto de venta (TPV) para el cobro con tarjetas, obligando a sus titulares a estar dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y contar con un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias.
De otra parte, el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también contempla rebajar de 50.000 euros el límite a partir del cual los movimientos de divisas son automáticamente reportados a la Agencia Tributaria.
Hacienda también baraja reforzar la colaboración con los fedatarios públicos como palanca para prevenir el fraude tributario que se «instrumentaliza a través de negocios jurídicos simulados o fiduciarios» a través de «sociedades instrumentales de las que el titular real es un obligado con deudas».
En este sentido destaca la propuesta de imponer «la exigencia por el fedatario público de certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias a los donantes», para que los notarios eviten donaciones de contribuyentes morosos con el Fisco. También se plantea que el notario eleve documento público de «operaciones societarias en las que se aprecia una distribución extraordinariamente desproporcionada y anómala del capital de la sociedad».
Fuente: Expansión
