El Gobierno da luz verde al decreto de la vivienda: las claves, al detalle

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El Gobierno da luz verde al decreto de la vivienda: las claves, al detalle

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Finalmente el real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler irá hoy al Consejo de Ministros. De esta manera, el Gobierno tiene previsto aprobar el decreto pactado con Podemos y en el que se da un plazo de ocho meses para elaborar un sistema de índice de precios, aunque se renuncia a limitar las subidas de rentas de alquiler.

Este cambio de última hora, ya que ayer no figuraba en el orden del día del Consejo de Ministros, respondería a un acuerdo cerrado con Podemos y PDeCAT. Faltarían por pronunciarse los representantes del PNV. Bajo estas negociaciones han aparecido novedades con el fin de contentar a todas las partes. 

Entre ellas, en el borrador aparece la bonificación del 80% del IBI para aquellos propietarios que alquilen sus pisos a un precio menor de la media geográfica. Y es que, según lo previsto, el Gobierno tiene pensado elaborar un índice de referencia, que sería tanto autonómico como estatal, para detectar en qué zonas (básicamente grandes ciudades) están más tensionados los precios y poder ayudar a marcar las políticas de cada administración.

Además de la bonificación del 80% del IBI, se retoma la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar mediante ordenanza fiscal hasta el 95% de este impuesto para inmuebles con renta limitada por una norma jurídica.

Acotar las subidas con la inflación

Sea como sea, las intenciones de Podemos de limitar los precios se habrían quedado en el olvido. Lo que sí habría salido adelante sería acotar las subidas de los alquileres. ¿Pero cómo? El Gobierno contempla un tope a las subidas de los precios de los alquileres acorde al IPC para que no puedan subir más de lo que lo hace la inflación. 

El texto mantiene el requisito que recogía el anterior real decreto tumbado por el Congreso en enero por el que se establecía en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, en el que el plazo será de siete años.

¿Qué decretos aprobará hoy el Consejo de Ministros?

En cuanto a la prórroga tácita, establece que, llegada la fecha del vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas y una vez haya transcurrido el periodo de prórroga obligatorio, si no existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo, se prorrogará anualmente el contrato durante tres años más. También recoge la limitación a dos mensualidades de la renta de alquiler la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario y salvo que se trate de contratos de larga duración.

Por otro lado, vuelve a establecer que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica y exceptuando los casos en los que el servicio haya sido contratado por iniciativa directa del arrendatario.

Si no hay pacto, solo subida con el IPC

Cuando no haya pacto entre las partes para la actualización anual de la renta, el real decreto recoge que el incremento producido como consecuencia de la actualización no podrá exceder la variación del último IPC publicado en la fecha de revisión, si bien el Gobierno renuncia a introducir límites a los precios.

Respecto a los inmuebles turísticos, establece una modificación técnica en la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), suprimiendo la limitación de que estas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.

También mantiene, al igual que en el anterior real decreto, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se requiera el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda turística, “siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%”. “Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos”, apunta el real decreto.

Fuente: El Economista.

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